En España, la Audiencia Provincial de Madrid juzga a dos vigilantes de seguridad por expulsar en 2017 a una pareja de homosexuales de un centro comercial de Fuenlabrada. Según indica Crístopher Benítez, él y su novio solo se estaban besando cuando les invitaron a irse.
«Nos echaron fuera, a la calle, por falta de respeto al centro comercial, por hacer cosas que no tenemos que hacer (…) Nos echaron porque había niños, ¿qué estábamos haciendo mal? Fue un sentimiento de humillación, de desprecio. Fue algo bastante duro en el momento», relata Crístopher Benítez.
Pese a que los jóvenes aseguran que solamente se besaban, el vigilante ha declarado que fue más, que se tocaban por fuera y dentro de la ropa. Al juzgarlo indecoroso, alertó a su superior usando las palabras clave “código rosa”, expresión que, según él, usaban en su empresa cuando había problemas con homosexuales.
«Él llevaba sólo un mes trabajando cuando ya existía ese código rosa. Él, simplemente, utilizaba lo que se establecía en la empresa para cierto tipo de actos», explicó Eduardo del Real, abogado del vigilante auxiliar acusado para el diario español La Sexta.
Por su parte, el superior del vigilante, que estaba en otra zona, reconoce que recibió el aviso de un código rosa, pero niega que en la empresa se use ese término para homosexuales y culpa de todo a su subordinado, quien llevaba poco tiempo trabajando.
Sin embargo, el abogado del vigilante novato afirma que no sólo había un código rosa homófobo, sino otros racistas. «Había un código golf cuando llegaba gente de raza gitana y podía haber algún hurto. Él no puede crear esos códigos en un mes. Estaban ya establecidos», explicó Del Real.
Las víctimas han contado que no se «manosearon» y su versión la respaldan las imágenes de las cámaras de seguridad, que se han proyectado durante el juicio.
No obstante, el vigilante en su declaración relató que ese día estaba haciendo una ronda cuando un matrimonio con hijos se quejó de que había una pareja de chicos que estaba manteniendo una actitud «hostil al no ser las adecuadas para un centro comercial».
El fiscal del caso pide 18 meses de prisión por un delito de odio.
Fuente: La Sexta
