Corte Interamericana de Derechos Humanos orden al Estado de Honduras a reconocer el derecho del cambio de identidad.
El pasado 17 de mayo, Óscar Rivera, director del Registro Nacional de las Personas (RNP), dio a conocer la decisión trascendental de avanzar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del transfeminicidio de Vicky Hernández, reconociendo el derecho que tienen las personas trans a su reasignación sexo-genérica de la identidad.
En marzo del 2021, los jueces internacionales ordenaron al Estado de Honduras investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato Vicky Hernández, defensora de los derechos de las personas LGBT+, ocurrido la madrugada del 28 de junio de 2009.
También instaron a crear una beca educativa (anual) que lleve su nombre, a favor de mujeres trans en estudios de secundaria, así como adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos y en los registros públicos de Honduras. ¡Eale!
Finalmente, ordenaron implementar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, y un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
El 9 de mayo pasado, la presidenta Xiomara Castro reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en el asesinato de Vicky Hernández, que el caso nunca fue investigado con la debida diligencia y pidió perdón por el terrible hecho.
Además, dispuso varias medidas de reparación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, el reconocimiento de la identidad de género en los registros públicos y en los documentos de identidad.
“Una vez que esté listo el RNP hará aplicación del mismo, es decir se reconocerá el derecho que tienen las personas trans de solicitar el cambio de nombre”, declaró Rivera.
El funcionario público explicó también que el reconocimiento de la identidad de género no será tema de debate en el Congreso Nacional, debido a que el Estado ha reconocido públicamente su responsabilidad internacional y la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández.
“Estamos reconociendo una sentencia firme de la Corte IDH, por lo tanto, lo que tenemos ahora es la aplicación de la misma. Nos sentimos orgullosos al atender una comunidad que ha sufrido represión, exclusión, asesinatos. Como ya ocurre en otras partes del mundo, hay que avanzar en la construcción de derechos”, aseguró Rivera.
