Un grupo de personas trans de Georgia han denunciado este injusto acto del cual están siendo objeto en la prisión.
Un grupo de mujeres y hombres transgénero presos en Georgia presentó una demanda colectiva contra el estado. Alegan que una nueva ley les impide acceder a tratamientos médicos esenciales y constituye un castigo cruel e inusual, prohibido por la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La acción legal, impulsada por el Centro de Derechos Constitucionales y el despacho Bondurant Mixson & Elmore LLP. Estos representan a cinco personas trans —dos hombres y tres mujeres— y a casi 300 reclusos más afectados por la normativa.
La ley en cuestión, SB 185, firmada en mayo por el gobernador republicano Brian Kemp, prohíbe el uso de recursos estatales para cirugías de reasignación de sexo, terapias de reemplazo hormonal, procedimientos cosméticos y otros tratamientos para la disforia de género. El texto también impide que los presos paguen estos servicios por cuenta propia, según confirmaron los abogados de la demanda.
Entre los testimonios presentados destaca el de Fantasia Horton, una mujer trans que recibía terapia hormonal desde 2019 en la prisión estatal de Phillips. Según la denuncia, su tratamiento fue suspendido de forma abrupta, lo que la expone a graves riesgos físicos y psicológicos. .
Expertos médicos advierten que interrumpir de golpe este tipo de terapias puede provocar ansiedad, depresión, ideación suicida y efectos físicos adversos. Recomiendan que cualquier suspensión se realice de forma gradual, durante un periodo de tres a seis meses.
Demandas similares en otros estados, como Wisconsin y Colorado, han terminado con sentencias o acuerdos que obligan a garantizar este tipo de atención médica y a revisar las condiciones de encarcelamiento para personas transgénero.
Los abogados esperan que los tribunales anulen la ley de Georgia, pero advierten que la batalla legal podría extenderse durante años.
