Según informe, la comunidad trans de Argentina sufre un «esquema estructural» de discriminación que impacta de forma «diferenciada, directa y sistemática».
¡Manas! De acuerdo con un informe difundido por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina, la comunidad trans sufre discriminación diferencia, directa y sistemática.
El estudio, publicado con motivo del décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, analiza un total de doce sentencias condenatorias por transfeminicidios, travesticidios y «crímenes por prejuicio» cometidos contra mujeres trans y travestis entre 2016 y 2019 en Argentina.
La investigación concluyó que, en un esquema social donde existen estereotipos que producen «exclusión» y «marginación», las mujeres trans y travestis del país constituyen una población «especialmente vulnerabilizada, estigmatizada y criminalizada».
Según el informe, la confluencia de violencias, prejuicios y discriminación expone a estas personas a una iniciación temprana en el ejercicio de la prostitución, a un riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, a una «sobrecriminalización», a la estigmatización social y a la violencia policial.
Por otra parte, el análisis de las doce sentencias condenatorias señaló que, en promedio, las víctimas tenían 30 años al momento de ser asesinadas: ocho ejercían el trabajo sexual en condiciones de vulnerabilidad, nueve conocían con anterioridad a sus agresores, cuatro fueron asesinadas por clientes en un contexto de trabajo sexual y otras cuatro murieron a manos de sus parejas o exparejas.
La mayoría de los hechos ocurrieron por la noche, con igual distribución entre espacios públicos y privados, destacándose por la «especial saña y crueldad en la ejecución e intensidad de los ataques, así como en el desprecio en el tratamiento de los cuerpos». Las condenas fueron emitidas, en promedio, 33 meses después de los hechos, con 13 de los 17 acusados sentenciados a cadena perpetua.
Respecto a las calificaciones jurídicas, una de cada dos sentencias incluyó agravantes por motivos de género, mientras que sólo una de cada cuatro sentencias contempló el agravante de odio por identidad de género u orientación sexual.
En ese sentido, la UFEM emitió un conjunto de recomendaciones ante estos delitos, como el inicio temprano y sin demoras de las investigaciones, el examen de los «motivos subyacentes» de la violencia o la asignación de calificaciones jurídicas apropiadas que contemplen la «violencia específica» que sufren las personas LGBTI+.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el promedio de vida de las personas trans en América Latina y en Argentina oscila entre los 30 y 35 años, menos de la mitad del resto de la población.
La Ley de Identidad de Género, promulgada el 24 de mayo del 2012 en Argentina, fue la primera del mundo en no patologizar a las personas trans, puesto que permite el cambio de documento de identidad sin necesidad de informes médicos, intervenciones quirúrgicas o terapias hormonales.
