Un juzgado en Valencia, España condenó a un hombre a indemnizar con 3,000 euros a su exmujer al considerar que le ocultó su orientación sexual durante los años que duró su noviazgo y matrimonio.
La sentencia emitida este lunes, lo obliga a pagar mil euros a su exmujer por cada año de matrimonio y declara la nulidad del enlace.
La jueza considera que el acusado ocultó a la que iba a ser su esposa «una cualidad personal esencial», pero añade que eso no prueba que lo hiciera con «la mala fe que se le imputa para enmascarar su homosexualidad», ni que contrajera matrimonio como mera pantalla social.
Javier Villalta es el nombre del condenado, quien ha querido hacer público el procedimiento pues considera que vulnera los derechos de las personas LGBT+. En una entrevista con eldiario.es, Villalta consideró el que el proceso era «estigmatizante».
«Me parece increíble que me haya tenido que sentar en un juzgado en el siglo XXI en España por este motivo. Es un juicio moral y público a mi orientación sexual que parece que acaba retratándome como un estafador», dijo Villalta.
Varios colectivos LGBT+ han mostrado su apoyo a Javier.
Uge Sangil, presidenta de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), dijo que «se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona, lo que ya en sí mismo constituye un acto inconstitucional».
«La sentencia lanza el mensaje a la sociedad de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado», añadió Sangil.
La FELGTB pone de manifiesto el desconocimiento de las realidades LGBT+ por parte de los jueces que han llevado el caso, ya que asegura que el acusado se ha declarado abiertamente bisexual, mientras la sentencia habla de homosexualidad.
«Se trata de una sentencia completamente bifóbica que niega directamente la existencia de la bisexualidad al ni siquiera considerarla una opción», denunció la presidenta de la FELGTB.
Además, la federación recalca la importancia de la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGBT+ para garantizar la formación de la judicatura en materia LGBT y que se eviten sentencias motivadas por el desconocimiento.
