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El Salvador se niega a reconocer la identidad de personas trans

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mujeres trans de El Salvador
Vía: Aministía Internacional España
Un informe liderado por Humans Rights Watch (HRW) ha revelado que El Salvador sigue violando muchos derechos humanos de las poblaciones trans.

¡Todo mal! Un informe llamado “Solo queremos salir adelante: Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador”, emitido por Human Rights Watch (HRW), con el apoyo de la organización local «Comunicando y Capacitando Trans» declara que las personas trans en El Salvador sufren un alto nivel de discriminación debido a que no existe ningún procedimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género, lo que también lleva a la vulneración de sus derechos humanos de esta población.

Una de las conclusiones de la investigación es que “la falta de documentos precisos, lo cual a menudo se combina con prejuicios hacia las personas trans”, obstaculiza de manera grave la posibilidad de estas personas de hacer efectivos “derechos como salud, empleo digno y educación”.

El informe recoge las entrevistas de 43 personas transgénero de las ciudades de San Salvador, San Luis Talpa, Santa Ana, Santa Tecla, La Unión y Zacatecoluca, quienes comentaron sus experiencias al momento de solicitar un empleo, un crédito o acudir a un centro de salud público.

Muchas de las personas trans entrevistadas comentaron que experimentaron discriminación al visitar establecimientos públicos de salud y señalaron que el personal de centros de salud las expuso como personas transgénero al llamarlas por sus nombres legales en las salas de espera. Fueron sometidas a engorrosos cuestionamientos sobre su identidad, se les humilló y el personal de salud se buró de ellas.

La mayoría de las personas trans entrevistadas señalaron que les resultaba difícil acceder a un empleo, a depósitos bancarios propios y a las remesas que les enviaban sus familiares en el exterior, debido a que los empleados bancarios cuestionaban su identidad porque no coincidía con sus documentos.

El informe indica que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, debería cumplir con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y crear un procedimiento sencillo y eficiente que permita que las personas trans puedan reflejar correctamente en los documentos de identidad su identidad de género autodeclarada.

En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó al Legislativo un año para elaborar un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. Sin embargo, dicho tema no ha sido abordado por los parlamentarios.

La Asamblea Legislativa también debería permitir a las personas trans modificar las anotaciones de género en sus documentos, mediante un procedimiento administrativo que sea sencillo, eficiente y gratuito, sobre la base de la autodeclaración, añadió el investigador.

“La Corte Suprema de El Salvador ha dejado en claro que las personas trans tienen derecho a su identidad y, ahora, la Asamblea Legislativa, debe cumplir con la decisión y garantizar los derechos de estas personas”, subrayó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de HRW.

En mayo de 2021, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género del Congreso archivó un proyecto presentado en 2018 de una ley de identidad de género por considerarlo “no acorde a la realidad”. La falta de reconocimiento de la identidad a personas trans es «muy grave” porque esto «genera mucha discriminación y las personas, al final, terminan optando por irse del país”.

“Es grave porque las personas no se sienten seguras en su propio país y se tienen que ir”, agregó González Cabrera.

Desafortunadamente, en diversas ocasiones, les activistas de derechos humanos han denunciado que la violencia y discriminación que sufre las poblaciones LGBTI+ en el país centroamericano, que les obliga a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado “cómplice” de los asesinatos y la impunidad.

Con información de Agencia EFE