El Estado argentino ha concedido el estatus de refugiado a 43 personas en los últimos 10 años, cuya libertad e integridad física estaba en riesgo en sus países de origen, debido a que forman parte del colectivo LGBT+.
Según datos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Argentina, el 37 por ciento de los refugiados son de nacionalidad rusa y un 25.5 por ciento con jamaiquinos.
Durante el período que comprende de enero de 2010 a junio de 2020, solicitaron acogerse a esa protección un total de 100 personas y en dicho período, 43 obtuvieron efectivamente esa protección. Es decir que, el 40 por ciento de los solicitantes fue aceptado, proporción que duplica la media para las solicitudes de refugio en general, la cual fue de 19 por ciento para los últimos cinco años.
El secretario ejecutivo de la Conare, Alfredo López Rita, dijo a la agencia nacional de noticias argentina Télam que “la situación de estos grupos en determinados países los vuelve una población necesitada de algún tipo de protección”.
Por su parte, Maribel Sgariglia, responsable del área de Relaciones Internacionales de la Federación LGBT+, quien acompañó a 25 solicitantes de refugio, explicó a Télam que el denominador común en todos los refugiados es “mucho sufrimiento y una experiencia de mucha exclusión no sólo de su país sino también de sus hogares”.
“Esto es porque para las personas LGBT, a diferencia de otras comunidades perseguidas, el primer lugar de violencia y expulsión es su familia”, afirmó Sgariglia.
Para complementar, Pedro Paradiso Sottile, director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (Ilgalac), explicó a Télam que obtener el estatus de refugiado “es muy difícil porque además de las cuestiones burocráticas está el tema económico: hay que tener fondos para poder comunicarse y pedir auxilio”, pero también para salir del país y llegar a destino, porque “no es que los estados te pagan el viaje”.
Cabe señalar que la homosexualidad es penada aún en 77 Estados o regiones; en 12 de ellos con pena de muerte “efectiva o posible”, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
Fuente: Grupo La Provincia
