Activistas y colectivos LGBT+ exigen que se generen políticas públicas para garantizar los derechos de las poblaciones LGBT+ en Yucatán.
¡Manas! El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) y la organización Amicus presentaron durante una rueda de prensa, un amparo presentado el pasado 10 de febrero ante el Congreso del Estado y al gobernador, Mauricio Vila Dosal, para exigir un presupuesto dirigido hacia políticas públicas para atender a las poblaciones LGBT+.
«En lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública que atienda las necesidades de la población LGBT del estado», declararon.
Al respecto, Alex Orué, también representante del colectivo, abundó que esta no es la primera vez que demandan al Congreso del Estado para exigir el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de este sector poblacional.
«Se quiere mantener esta ilusión de que en Yucatán no pasa nada»…»Si no hay prevención y atención a casos de discriminación, las personas que sean víctimas no confiarán en las autoridades correspondientes para acudir a ellas cuando viven violencias», declaró Orué.
Por su parte, Juan Pablo Delgado informó que fue en Guanajuato donde presentaron por primera vez un amparo como éste, mismo que resultó favorable hasta la modificación del presupuesto de egresos con una partida presupuestal para la garantía de los derechos de las personas LGBT+.
Son alrededor de 11.5 millones de pesos los que ahora fueron asignados para el rubro, con los cuales la primera acción será un diagnóstico que esperan tener listo en agosto para conocer a la población LGBT+ de Guanajuato.
Con esto, implementarán políticas públicas focalizadas, con base en las necesidades que sean detectadas a través del diagnóstico, entre ellas, prevé que estará la implementación de una clínica especializada en salud para las personas trans.
Este mismo amparo fue presentado en otros estados como Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí, pues buscan que esto sea convertido en un estándar nacional.
«La asignación de presupuesto se vuelve fundamental para la creación de instancias de atención de discriminación, para la creación de fiscalías especializadas y para todos los derechos sociales y económicos», puntualizaron.
