La Cámara de Diputados ha votado a favor de una enmienda constitucional que vuelvo mucho más complicado cambiar las leyes actuales.
¡Hijas! Actualmente, los cambios en la Constitución de Honduras requieren una mayoría de dos tercios en el Congreso Nacional, el parlamento hondureño. En el futuro, se requerirá una mayoría de tres cuartos para modificar artículos concretos de la Constitución. Para las y los activistas de los derechos de la mujer y las organizaciones LGBTIQ+, la decisión es una bofetada en la cara. Con la mayoría de tres cuartos requerida, es casi imposible revertir o incluso desactivar las leyes que regulan las prohibiciones de la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo en Honduras.
La enmienda equivale a un “bloque de constitucionalidad”, dijo Mario Pérez, diputado del partido gobernante del presidente Juan Orlando Hernández, porque consolida irremediablemente artículos ya existentes de la Constitución.
Y estas leyes son estrictas: para las mujeres que abortan, así como para todas las demás implicadas, el Código Penal hondureño prevé penas de tres a seis años de prisión. Además, Honduras es el único país de Centroamérica en el que el matrimonio o la unión de dos personas del mismo sexo está expresamente prohibido desde 2005. Las organizaciones de derechos humanos están aún más preocupadas. Amnistía Internacional escribe:
“Esta reforma pretende perpetuar a nivel constitucional una violación de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos, que sufren las mujeres, las niñas y las personas con capacidad reproductiva en Honduras desde hace décadas. La ratificación por parte del Congreso y del presidente Juan Orlando Hernández imposibilitaría de hecho la introducción de una ley que no despenalice el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera garantice el acceso a la anticoncepción de emergencia”, declara Erika Guevara-Rosas, directora para América de Aministía Internacional
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó en 2018 que el matrimonio para todos es un derecho fundamental para las parejas homosexuales en América Latina e instó a los distintos Estados a reescribir sus respectivas leyes de matrimonio, actualmente parece que Honduras mantiene su política de supresión de los derechos humanos.
