El más reciente informe de la ONG «Human Rights Watch» señala la violencia criminal que se vive en Honduras, siendo la población LGBT+ una de las más afectadas.
¡De terror! La ONG «Human Rights Watch» (HRW) señaló en su más reciente informe que el crimen organizado violento continúa afectando a la sociedad de Honduras y que «la impunidad sigue siendo la norma» en el país centroamericano.
«La impunidad sigue siendo la norma. Los esfuerzos para reformar las instituciones de seguridad pública se han estancado. Empañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la Policía siguen siendo en gran medida ineficaces», indicó HRW en su Informe 2021.
El informe señala que la violencia criminal continua obligando a muchas personas a abandonar el país y que, periodistas, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y las personas con discapacidad, figuran entre las poblaciones más afectadas.
Agrega que el apoyo y recursos de una misión de cuatro años de la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, concluido en enero de 2020, no produjo reformas duraderas, y que los fiscales anticorrupción han quedado indefensos.
«Las pandillas ejercen control territorial sobre algunos barrios y extorsionan a los residentes en todo el país. Reclutan niños a la fuerza y abusan sexualmente de mujeres, niñas y personas LGBT+. Las pandillas matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes resisten», agrega el estudio.
También señala que la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Calle 18 (Barrio 18), son consideradas en gran medida responsables de la tasa de homicidios de Honduras y son «famosas por la extorsión y el tráfico de drogas».
«Aunque Honduras ha reducido su tasa de homicidios a la mitad desde 2011, sigue siendo una de las más altas del mundo, con 44,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2019», subrayó HRW.
Según el mismo reporte, el sistema de justicia penal hondureño por lo general no hace rendir cuentas a los responsables de delitos y abusos, y los jueces se enfrentan a la interferencia, incluida la presión política, las amenazas y el acoso, del poder Ejecutivo, actores privados con conexiones con el Gobierno y pandillas, mientras que los fiscales y los denunciantes han recibido amenazas de muerte.
Destacó que en enero de 2020 el Gobierno cerró la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la OEA y se había establecido en el país en 2016.
En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «estimó una tasa de impunidad del 90 % para los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Honduras, y recibió información sobre frecuentes amenazas de demandas y procesamientos, incluso por calumnias e injurias, que obstaculizan el trabajo de derechos humanos en Honduras».
Human Rights Watch indicó además que las personas LGBT son frecuentemente objeto de discriminación, extorsión y violencia por parte de las pandillas, la Policía Nacional Civil y la Policía Militar, y miembros del público, y que la discriminación también es común en las escuelas, el lugar de trabajo y el hogar.
«La violencia contra las personas LGBT desplaza internamente a muchos y obliga a otros a abandonar el país para buscar asilo», destaca entre otras cosas el informe de la misma organización.
