Qatar será sede del mundial 2022, y sigue en la mira por sus políticas antiderechos.
¡Ay, la homofobia! El lunes pasado, el Gobierno de Qatar dio a conocer que confiscaron juguetes pintados con los colores de la «bandera del orgullo». La noticia la hizo pública el propio Ministerio de Comercio e Industria del país.
Aseguran que el ministerio “llevó a cabo campañas de inspección en varios puntos de venta en diferentes regiones de Qatar, las campañas resultaron en la incautación y emisión de varias violaciones, incluida la confiscación de juguetes para niños con lemas que van en contra de los valores islámicos”.
En un comunicado publicado por la agencia de noticias oficial QNA, declaran que “el ministerio insta a todos los ciudadanos y residentes a informar sobre cualquier producto que lleve logotipos o diseños contrarios a nuestras tradiciones».
Las autoridades de Qatar no dieron más explicaciones sobre los motivos de las incautaciones. Se trata de un claro mensaje contra todo símbolo que represente la defensa de derechos de las personas LGBTIQ+, anticipándose así también a futuras polémicas y cruces que pueden dar durante el propio mundial.
Qatar forma parte de los 67 países que en el mundo penan los actos consensuales entre personas del mismo sexo. Según el informe Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gay (ILGA), el país establece en su constitución que rige la Sharia, por lo que entre sus normas incluye la criminalización de la sodomía con 3, 7 o 10 años de prisión y hasta la pena de muerte para determinados casos.
El informe aclara que “si bien no se han notificado casos de aplicación de la pena de muerte por actividades sexuales consensuales entre personas del mismo sexo en Qatar hasta octubre de 2020, hay testimonios locales que indican que las personas LGBTI que viven en Qatar se enfrentan a un contexto extremadamente hostil”.
El país también tiene varias denuncias en materia de derechos humanos. Una investigación revelada por el periódico británico «The Guardian» a principio de año, asegura que murieron más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka en la construcción de los estadios.
La visibilidad que ganó al convertirse en la sede del próximo mundial, ya genera debates y pone en agenda la necesidad de seguir peleando contra la criminalización de la diversidad sexual. Así como también contra la represión y la persecución, que persisten en las democracias capitalistas donde el movimiento LGBTIQ+ conquistó la despenalización y la eliminación de códigos contravencionales.
