Un tribunal en Kenia falló a favor de Shieys Chepkosgei, una mujer trans, marcando un precedente en África Oriental.
Una decisión judicial en Kenia marcó un precedente histórico para los derechos de las personas trans en África Oriental. El Tribunal Superior de Eldoret falló a favor de Shieys Chepkosgei, una mujer trans arrestada en 2019 bajo cargos de “suplantación”. El tribunal determinó que el Estado violó su dignidad y sus derechos fundamentales.
Chepkosgei había sido detenida pese a contar con documentos oficiales —entre ellos certificado de nacimiento y pasaporte con marcador femenino—. Fue sometida a exámenes médicos invasivos para “determinar su género”, incluyendo inspecciones genitales, pruebas hormonales y estudios radiológicos. El juez R. Nyakundi calificó el trato recibido como inhumano y degradante, y ordenó indemnizarla con el equivalente a 8 mil dólares.
Más allá de la compensación, la sentencia obliga al Parlamento keniano a crear una legislación específica que garantice los derechos de las personas trans. Esto ya sea mediante nuevas leyes o enmiendas a la normativa actual sobre personas intersexuales. Se trata de la primera ocasión en que un tribunal del país ordena explícitamente al Estado legislar sobre este tema. Según activistas, también sería el primer caso de este tipo en todo el continente africano.
Un contexto complejo para la comunidad LGBT+ keniana
La resolución ocurre en un contexto complejo. Y es que en Kenia, las relaciones entre personas del mismo sexo continúan criminalizadas con penas de hasta 14 años de prisión. Por otra parte, las personas trans enfrentan altos niveles de violencia y estigmatización. Actualmente, la ley impide modificar legalmente la identidad de género asignada al nacer.
Aun así, los tribunales han sido un espacio clave de avance. En 2023, la Corte Suprema reconoció oficialmente a un grupo de derechos LGBT+ como organización no gubernamental, decisión que desató protestas de líderes religiosos y políticos conservadores.
El fallo en el caso de Chepkosgei representa un nuevo desafío para el Parlamento keniano, que ahora deberá responder a la orden judicial y abrir un debate legislativo que podría redefinir el reconocimiento y la protección de la comunidad trans en el país.
