Bulgaria violó los derechos fundamentales de la hija apátrida de una pareja lesbiana que vive en el extranjero al negarse a expedirle un documento de identidad y, por lo tanto, debe proporcionarle uno, decidió la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«Los Estados miembros deben reconocer el vínculo de filiación» que une a un recién nacido con sus dos madres y «respetar (…) la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión Europea (UE)», escribió la TJUE en una sentencia.
Los jueces del TJUE añaden que «la referencia de Bulgaria a la prohibición del matrimonio entre dos personas del mismo sexo» para justificar su denegación no es «conforme a los derechos fundamentales garantizados por la Carta (Europea)».
Las integrantes del caso son una pareja lesbomaternal -una búlgara y una británica de Gibraltar-, casadas, cuya hija nació en 2019 en España, y quedó sin nacionalidad.
La hija no tenía derecho ni a la ciudadanía española, ya que sus dos madres son extranjeras, ni a la británica, porque nació en un tercer país.
Dado que la ley búlgara estipula que todo niño nacido de un progenitor búlgaro es búlgaro, la pareja recurrió a las autoridades de dicho país. Pero estas, sin negar que la niña nació búlgara, se negó a expedirle documentos con el nombre de sus dos madres, alegando que este país balcánico no reconoce a las parejas del mismo sexo.
Las demandantes, viviendo en España y deseando poder viajar independientemente una de la otra con la niña, recurrieron entonces ante el tribunal administrativo de la capital. Fue este tribunal el que decidió interrogar al TJUE sobre la interpretación que debía hacer de la Carta Europea.
Ambas madres celebraron en un comunicado «un gran avance para todas las familias LGTB+ en Bulgaria y Europa».
Esta «decisión tendrá un efecto importante en la vida de entre 100.000 y 150.000 niños en toda la UE», destacó en Facebook la asociación búlgara de defensa de los derechos de las personas LGTB+ Deystvie, refiriéndose a la primacía del Derecho europeo, que obliga a los 27 Estados miembros a aplicar las sentencias del TJUE.
