¡Luchemos por nuestra dignidad! Aunque parece que no, los llamados Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también denominados como “terapias de conversión”, aunque deberían llamarse tortura, son una triste realidad en Sonora.
Por ello, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes presentó al Congreso del Estado de Sonora la iniciativa para tipificar a los ECOSIG como un delito en Sonora, e imponer de dos a seis años de cárcel para quienes practiquen este tipo de discriminación por motivo de orientación y/o identidad sexual que atenten contra la dignidad humana y menoscaben derechos y libertades personales.
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“Nos reunimos con muchos colectivos y asumimos compromisos con la agenda ambiental y animalera, pero en este caso firmamos una agenda y compromisos con la coalición LGBTTTIQ+ Sonora, que aglutina a alrededor de 17 colectivos de la comunidad”, explicó la legisladora.
Entre los compromisos con las poblaciones LGBT+, se avanzó en la legalización del matrimonio igualitario durante el 23 de septiembre del 2021; mientras tanto, para este año se presentó la iniciativa para prohibir los ECOSIG.
“La gente las conoce como las mal llamadas terapias de conversión, pero los Ecosig podríamos decir que -durante muchos años- se creyó que la homosexualidad era una enfermedad, tan es así que en nombre de esto se cometieron muchos abusos, como torturas, que se siguen cometiendo”, comentó la diputada.
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Asimismo, señaló que esta histórica discriminación a la población con orientaciones e identidades sexuales diferentes a las convencionales ha sido motivo para que personas sean sometidas a diversos tipos de Ecosig, donde se han registrado varias formas de abuso físico y psicológico.
Entre ellos, se encuentra la coerción y falta de consentimiento; privación ilegal de la libertad en pseudoclínicas; violencia verbal y amenazas; uso forzado de medicamentos; violaciones sexuales para “corregir” la homosexualidad; “terapias” de aversión; electrochoque; hasta exorcismos.
“Obviamente mucha gente ha preguntado si eso todavía existe, yo podría decir que sí y los testimonios de la población LGBT así lo indican; cuentan testimonios en ese sentido de cómo todavía existen algunos lugares que bajo la justificación de ser centro de rehabilitación también se convierten espacios para privar en contra de su voluntad para “corregir” la homosexualidad”, agregó.
La iniciativa adiciona el artículo 175 TER y 174 Quater al Código Penal de Sonora para imponer “de dos a seis años de cárcel, de 150 a 300 de trabajo comunitario, multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y reparar el daño de la víctima a quien instigue, promueva, permita, consienta, coaccione, someta, obligue, realice, imparta, aplique, financie con o sin fines de lucro cualquier tratamiento que reprima el libre desarrollo de la personalidad, sexualidad, orientación, identidad y expresión de género”.
Las sanciones aumentarán al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad, así como cuando se emplee violencia física, psicológica o moral contra la víctima, mientras que el delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente.
“Siempre se va a procurar la restitución del daño a la víctima, asimismo, se contempla que los perpetradores también pasen por espacios pedagógicos y de sensibilización, porque en la medida que no tengamos capacidad de hacer eso, se van a seguir cometiendo muchos abusos”, puntualizó Trujillo Llanes.
Además, se busca agregar el artículo 148 Quinquies a la Ley de Salud del Estado de Sonora para que los profesionales de la salud que promuevan cualquier tipo de “terapia” de conversión o ECOSIG, además de las sanciones mencionadas, deberán ser suspendidas del ejercicio profesional de uno a tres años, mientras que, en caso de reincidencia, se prohibirá de manera definitiva el ejercicio profesional.
“Como no existe la posibilidad de denunciar los ECOSIG porque no están tipificados como delitos, es difícil, además que comúnmente esto se da en el ámbito familiar y ese tipo de gestiones es muy difícil de denunciar, entonces hay un gran trabajo de sensibilización y concientización y una gran oportunidad de denuncia para buscar que no se cometa el delito” expuso la legisladora.
Mientras tanto, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, por lo que se espera que para el mes de octubre pueda someterse a consideración del Pleno del Poder Legislativo, luego de que la propuesta sea socializada con las instancias encargadas de procurar la justicia en Sonora.
Cabe señalar que son nueve los estados que ya aprobaron esta iniciativa: Puebla, Baja California,,Baja California Sur, Colima, Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
