Las personas con infección por el VIH que reciben tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable, y proteger a sus parejas.
Miembros de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, privaron de su libertad a Juan Francisco “N” por probable responsabilidad en el delito de peligro de contagio.
Conforme con la indagatoria, en agosto de 2019, su pareja se dio cuenta que en su vivienda se encontraban medicamentos para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y este no le expresó a la mujer que vive con VIH, por ello se le denuncio al considerar que existía un peligro de contagio.
“En agosto de 2019 la agraviada encontró, en el domicilio del hoy aprehendido, medicamentos para tratar una enfermedad transmisible, padecimiento que él no le había comentado, por lo que al considerarse en riesgo de ser infectada realizó la denuncia”, comento el Ministerio Público.
La detención se llevó a cabo en Eje 10 Sur, Colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán y se le trasladó al reclusorio Norte, donde se le puso a disposición frente al juez de control que lo solicitaba.
El arresto generó un gran rechazo de usuarios en redes sociales como Eduardo Martínez quien dijo: “Así es cómo se deja en evidencia el desprecio por los derechos humanos de la Fiscalía de la Ciudad de México”.
“Ahora las personas que viven con VIH aun cuando estén en tratamiento, siendo indetectables, ¿van a la cárcel? Qué fuerte”, añadió otro cibernauta llamado David.
Pero el activista Alaín Pinzón, director de la organización VIHve Libre, reivindicó que “vivir con VIH no es delito” y añadió: “si nos quieren encerrar, háganlo con todas”, todas estas expresiones las realizó mediante sus redes sociales como Twitter.
Los miembros de la organización se manifestaron frente una localidad de la Fiscalía capitalina para protestar contra lo que es una criminalización del VIH, realizaron iconoclasia en las afueras del inmobiliario con las siglas VIH y promovían carteles con mensajes como “Mi VIH no me hace un delincuente”.
También le recordaron a la sociedad que cualquier persona con VIH bajo medicación y con carga viral indetectable no transmite el virus, pero es importante recordar que en los últimos meses se denuncia es desabasto de medicamento por parte de las instituciones encargadas de brindarlo.
Después de movilizaciones por parte de los activistas, se llegó a un acuerdo como consecuencia a las labores de la abogada Olivia Rubio en conjunto de la Fiscalía y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México para que a Juan Francisco “N” se le reconfigurara la situación.
Como respuesta al trabajo de Olivia Rubio y el de los organismos, se logró que a Juan Francisco “N” se le otorgara su libertad el pasado 07 de junio de 2021 entre las 10 y las 11 de la noche.
Asimismo, el Ministerio Público de la capital se sumó en dar un mensaje al respecto de la situación, por lo que emitió un comunicado en el que dice “su más sentido y profundo respeto hacia cualquier persona, sin importar su condición de salud o diagnóstico médico, y en particular, a quienes viven con VIH”.
La institución agregó que no intentaban “criminalizar a ninguna persona” y excusó que se limitó a efectuar “una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control”, además de actuar “en defensa de la denunciante”.
La Fiscalía se mostró dispuesta a “revisar y modificar la legislación que discrimine el estatus serológico de VIH”, algo que depende del Legislativo. Aunque el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) difundió su postura el pasado 4 de junio del año en curso como respuesta a todo lo que ocurre por esta discriminación.
“Está comprobado que la tipificación del ‘riesgo o peligro de contagio del VIH’ o figuras análogas que aparezcan en las legislaciones de las entidades federativas como medidas de ‘prevención especial’ no operan en ese sentido, ya que los sistemas de administración de justicia se encuentran rebasados y que tales penalizaciones generan más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública y en el respeto y garantía de los derechos humanos; promueven el miedo, el estigma, la discriminación y fortalecen la idea errónea de quien vive con VIH o SIDA es delincuente.”, expresa el punto 3 de la declaratoria del comunicado.
De acuerdo con lo que expresa la institución, es claro que si se deja esto en manos del legislativo solo podría perjudicar más que terminar con la estigmatización de las personas que viven con VIH, lo que demuestra que todo el proceso legal de Juan Francisco “N” que conlleva las protestas que se generaron, son justificables ya que las legislaciones no han hecho nada al respecto para que este tipo de actos de discriminación se detengan.
Y aunque el 90% de las mujeres que contraen el VIH es transmitido por su pareja, esto es por serles infiel o no llevar una relación estable, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México, Censida y AHF México.
Cuando se habla de VIH, la población lo relaciona con la comunidad LGBTTIQ+ o en trabajadores sexuales, sin embargo, el caso de Juan Francisco “N” es prueba de que en las parejas heterosexuales también existe la misma estigmatización.
