Según el informe Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial, elaborado por la organización feminista y defensora de los derechos de las minorías sexuales, Somos Parte del Mundo, La homofobia de Estado está a la orden del día en Guinea Ecuatorial.
La represión explícita e indisimulada de las instituciones del país hacia el colectivo LGTBI+ se manifiesta a través de todo tipo de agresiones verbales, psicológicas y físicas.
De acuerdo con el informe, las violaciones de los derechos humanos del colectivo son algo cotidiano y normalizado. Los trabajadores de las instituciones ecuatoguineanas aplican de facto la prohibición de entrada a los edificios públicos a las personas de la comunidad LGTB+, a quienes someten a burlas públicas.
Uno de los casos más graves expuestos por el informe es el de una militar acusada de «lesbianismo», quien fue torturada por otros miembros del Ejército y sometida a un Consejo de Guerra que la ha expulsado del cuerpo. Además de las gravísimas lesiones físicas, la mujer podría enfrentarse a un año de prisión, como mínimo, mientras que sus torturadores permanecen impunes.
El estudio expone, entre otros ejemplos, lo cotidiano de las terapias de conversión y el caso concreto de una paliza a un joven homosexual por parte de su familia. Todo ello, insisten desde Somos Parte del Mundo, instigado por la presión de la Iglesia Católica.
La situación del colectivo LGTB+ en Guinea Ecuatorial no parece que vaya a mejorar en futuro próximo, al contrario. El Gobierno prepara varios proyectos de ley que dejarán a estas personas aún más desamparadas jurídicamente. El primero de ellos pretende definir a las personas homosexuales como algo «importado» y «anómalo».
Por su parte, Rafael Aníbal, presidente de la ONG The Equality Advocavy Project, alude a la «responsabilidad moral» de España para «denunciar públicamente la alarmante situación que sufre la comunidad LGTB+ en Guinea Ecuatorial y exigir, por todos los medios a su alcance, la vulneración a los derechos de estas personas».
Aníbal resalta los «fuertes vínculos históricos» de nuestro España con Guinea Ecuatorial, que llegan al extremo de que en la nación africana aún está vigente la Ley de Vagos y Maleantes española de 1954.
De hecho, la reforma de esta ley, que está pendiente de tramitación, agravaría aún más la vulneración de los derechos humanos de las personas LGTB+, ya que se refiere a ellas en términos patologizantes y de «peligro social» y legitima las terapias de conversión que ya se practican en todo el territorio.
