En este 2025, ya son cinco estados los que tipifican el transfeminicidio en México con la aplicación de la Ley Paola Buenrostro.
En un avance histórico para los derechos de las personas trans, ya son cinco entidades federativas las que reconocen el delito de transfeminicidio en México.
Esto ha sido posible a través de reformas impulsadas por la llamada Ley Paola Buenrostro. Dicha ley fue ombrada en honor a una mujer trans asesinada en 2016 en la Ciudad de México.
El marco legal busca visibilizar y castigar con mayor severidad los crímenes de odio por motivos de identidad de género. También se busca garantizar justicia para víctimas trans, cuyas muertes muchas veces eran clasificadas erróneamente como homicidios simples.
El estado de Nayarit fue el primer estado del país en tipificar el transfeminicidio como delito específico. En marzo de 2024, el Congreso local aprobó reformas al artículo 361 Bis del Código Penal para sancionar con hasta 60 años de prisión los asesinatos cometidos contra personas trans por razones de odio relacionadas con su identidad de género.
A este se le sumó la Ciudad de México en julio de este mismo año. La aprobación de esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial el 23 de agosto de 2024.
En este 2025, son tres entidades más las que han aprobado la aplicación de esta ley en sus códigos penales: Baja California Norte, Baja California Sur y Campeche.
Por otra parte, los estados de Puebla, Morelos y Guerrero, ya cuentan con avances parciales en legislar al respecto.
Cifras alarmantes en el país
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, México se ubica entre los países con mayor número de asesinatos de personas trans en América Latina, solo después de Brasil. Entre 2008 y 2021, se documentaron al menos 593 casos; en los últimos dos años, se han registrado más de 50 transfeminicidios, según cifras preliminares.
La Ley Paola Buenrostro representa un esfuerzo por reconocer la identidad de las víctimas, nombrar el odio y hacer justicia. Diversos colectivos y activistas han insistido en que estos avances deben replicarse en todo el país y acompañarse de acciones reales para erradicar la transfobia institucional.
