Foto: Andrés Domínguez / Chiapas Paralelo
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En Chiapas, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos de la población LGBT+ se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para demandar un alto a la violencia por los últimos sucesos registrados de agresiones físicas al colectivo y por el homicidio de Violeta Ramírez Pérez, mujer trans, el pasado 21 de octubre.

La protesta se caracterizó por la colocación de un ataúd cubierto por la bandera trans y a los pies, la bandera LGBT+.

De igual forma, se denunció la falta de respuesta del Congreso del Estado por una ley que reconozca la identidad a las personas trans y el aumento de casos de violencia verbal, física y transfeminicidios en Chiapas.

De los 21 casos, se reportaron ataques verbales, a la integridad física y 5 asesinatos; 3 de ellos cerrados por la Fiscalía General del Estado al presentar detenidos, no obstante, aún quedan dos sin conclusiones.

Los municipios donde se han registrado agresiones son San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Venustiano Carranza.

Ante estos hechos, las organizaciones comentaron que son violentadas por la sociedad y por instituciones que los niegan, les invisibilizan e impiden acceder a la justicia.

Con expresiones como: “Basta del discurso temporal desde los espacios institucionales cuando surge la marea arcoíris en las fechas que hay que hacer pronunciamientos obligatorios sobre el tema. Queremos acciones que nos permitan vivir una vida libre de violencia”, las organizaciones exigieron un alto a la violencia.

Al término de la manifestación, las organizaciones leyeron los nombres de las personas miembros de la población quienes han sido asesinadas.

“Ley de identidad” en Chiapas

Cabe mencionar que el 17 de mayo de 2019, la diputada local Aida Guadalupe Jiménez Sesma presentó la iniciativa denominada “Ley de Identidad”, para reformar los artículos 41, 43, 101  y se  adicionan los artículos 101 bis y 101 ter del Código Civil del Estado de Chiapas, con el fin de dar certeza jurídica, legal, humana y de salud a las personas de la población para realizar un procedimiento ante el Registro Civil en la que pueda reafirmar sus datos según su preferencia e identidad sexual.

Ha pasado casi un año y medio y la propuesta se encuentra en “la congeladora”.