Imagen de Mary Bettini Blank en Pixabay
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Un informe reciente de Human Rights Watch confirmó el reconocimiento del propio gobierno de El Salvador de que las personas LGBT en ese país enfrentan “actos de tortura, trato inhumano o degradante, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso; muchos de estos actos cometidos por agentes de seguridad pública”. La marginación social y económica agudiza el riesgo de violencia. Muchas personas LGBT huyen de su hogar.

Cabe señalar que el presidente salvadoreño Nayib Bukele aceptó el 15 de diciembre implementar un Acuerdo de Cooperación sobre Asilo con el Gobierno de Estados Unidos. Dicho acuerdo habilita a las autoridades inmigratorias estadounidenses a transferir a los solicitantes de asilo no salvadoreños a El Salvador, en vez de permitirles pedir asilo en EE. UU.

Por su parte, el presidente electo de EE. UU., Joe Biden, se comprometió a poner fin a este acuerdo defectuoso, que presupone que El Salvador está en condiciones de ofrecer un procedimiento de asilo completo y justo y proteger a las personas refugiadas. Pero para algunos grupos, como las personas LGBT, El Salvador no ofrece un refugio seguro. Sus propios ciudadanos LGBT no tienen protección frente a la violencia y la discriminación.

Según el informe de Human Rights Watch, entre enero de 2007 y noviembre de 2017, más de 1,200 salvadoreños pidieron asilo en EE. UU. por temor a ser perseguidos por motivos de orientación sexual o identidad de género.

En un pronunciamiento histórico, un tribunal del Reino Unido otorgó asilo recientemente a una persona no binaria salvadoreña, y concluyó que su expresión de género la exponía a la violencia policial y a situaciones de abuso y degradación a diario.

HRW, resalta que hace cinco años, El Salvador parecía dispuesto a defender los derechos de las personas LGBT. Se unió al Core Group LGBTI de la ONU. Estableció penas más severas para los delitos motivados por prejuicios. Su Dirección de Diversidad Sexual capacitó a empleados públicos y dio seguimiento a políticas gubernamentales para la inclusión de personas LGBT.

El presidente salvadoreño, quien en ese entonces era un funcionario local, se comprometió a estar “al lado correcto de la historia” en lo que respecta a los derechos de las personas LGBT, pero cuando se postuló a la presidencia, sus promesas se desvanecieron.

Bukele se opuso al matrimonio igualitario, concluyó en la práctica el trabajo sobre diversidad sexual que llevaba adelante el gobierno y se negó a apoyar el reconocimiento legal del género de las personas trans. Pese a la condena histórica que se impuso en julio contra tres policías por el homicidio de una persona trans, la violencia sigue siendo algo común para muchas personas LGBT y la justicia sigue estando fuera de su alcance.

El gobierno salvadoreño debe apoyar una ley de identidad de género y leyes civiles integrales contra la discriminación, juzgar los delitos de odio contra las personas LGBT y restablecer una institución que cuente con los recursos suficientes para promover la inclusión y erradicar la violencia anti-LGBT. También debe eliminar el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo.