El gobierno sueco ha votado para pagar una indemnización a cada persona trans que se vio afectada cuando era obligatorio someterse a la esterilización forzada antes de la cirugía de reasignación de género.
La ley estuvo vigente entre 1972 y 2013, y establecía que las personas que querían reasignación de género debían «carecer de la capacidad de procrear». En 2013, un tribunal dictaminó que la ley violaba los derechos humanos europeos y la detuvo. Hablando en 2017, el Ministro de Salud, Gabriel Wilkström, dijo: «La demanda de esterilización que existía previamente estableció una visión de la cual la sociedad actual desea distanciarse y el gobierno cree que fue un error exigirla».
Desde la derogación de la ley, los activistas han estado haciendo campañas por una compensación para las aproximadamente 700 personas que afectó. En 2017, Wilkström declaró que el gobierno sueco implementaría un proyecto de ley que daría una compensación a los afectados, con el monto acordado de poco más de medio millón de pesos por persona.
Emelie Mire Åsell, la portavoz trans e intersex para la Federación Sueca de derechos para Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Queer, aceptó con satisfacción el acuerdo. En un comunicado, dijo: «Nos hemos esforzado por esto desde 2013, cuando se eliminó el requisito de la esterilización para cambiar el género. El dinero no puede deshacer el daño de perder involuntariamente sus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el estado enmiende a todas las personas sometidas a este tratamiento».
A pesar de esta decisión y del fallo que eliminó la ley, 16 países europeos todavía la aplican. Uno de estos países es Finlandia, que a menudo se considera uno de los países más aceptados de Europa en lo que respecta a los derechos LGBT.
