Genera polémica la diputada trans María Clemente, tras la propia publicación de video de carácter sexual y la reivindicación de sus derechos sexuales.
Con la llegada de las telecomunicaciones a nivel global, el internet y toda la época digital de la tecnología; actualmente la información navega a velocidades nunca antes pensadas, y con ello, la forma en cómo las personas hemos evolucionado nuestra forma de socializar y relacionarnos.
Por supuesto que las expresiones y formas de ejercer nuestros afectos y sexualidad han también evolucionado, y evidentemente, el uso cotidiano de las tecnologías también han transformado nuestra vida sexual, claro ejemplo son las formas de ejercer el trabajo sexual a través de plataformas digitales como OnlyFans, y otro para nada afortunado, ni atinado, es la filtración de contenido de carácter erótico y sexual en los medios masivos y no convencionales de comunicación que muchas celebridades y personajes de la vida pública han padecido en las últimas tres décadas.
Son innumerables las personas que han sufrido filtraciones de contenido erótico sin su consentimiento, incluso en México, desde hace pocos años ya hay una legislación al respecto, llamada Ley Olimpia. Situación que evidentemente les legisladores y servidores públicos también han sufrido en diferentes partes del mundo, de las cuales hay que decirlo, son mujeres en su mayoría, sobra aclarar que esto ocurre debido al machismo.
¿Qué pasa cuándo una persona legisladora y/o funcionaria pública decide compartir de forma directa y consentida parte de sus prácticas sexuales en sus redes sociales?
Existe un debate enorme al respecto, recientemente la diputada María Clemente compartió a través de su cuenta de Twitter, un video donde estaba practicando sexo oral a un hombre cisgénero, lo que ha generado una ola de comentarios y polémica.
Algunas personas consideran que, al menos mientras se ejerce el cargo, les legisladores están obligades a enfocarse exclusivamente en su enmienda, y pareciera que se espera que su vida sexual sea invisibilizada, que no es el tema que le compete a la sociedad que le eligió para representarles. ¡Qué deben apegarse a compartir exclusivamente cuestiones laborales, para lo que fueron elegidos!
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Sin embargo, la situación puede tener muchas aristas y percepciones, algunas personas podrían estar de acuerdo, otras podrían pensar que el ejercicio de la vida sexual es innato e indistinto a la vida profesional. Y que coartarle la libertad a alguien de ejercer su sexualidad solo por tener un cargo de elección popular es atentar contra los derechos sexuales y reproductivos.
Dicen por ahí que «no hay libertad política, sino hay libertad sexual», y hay otra frase muy famosa en los activismos que reza que «lo personal es político». Y quizás ambas tienen algo de razón, sin embargo, muchas personas también tienen depositada la confianza en algunas personas funcionarias públicas, y en ocasiones son tantas las problemáticas que necesitan ser resueltas a nivel colectivo, que quizás lo que menos necesitan es saber de la vida sexual en lo individual.
La diputada María Clemente es la primera mujer trans que vive abiertamente con VIH en tener una posición de este tipo, y quizás por eso es que se le exige que aproveche ese espacio para legislar en favor de las múltiples poblaciones vulneradas que representa.
Sin duda, el ejercicio de la vida sexual de ninguna persona legisladora debería importar en la ejecución de su labor, mucho menos debería ser determinante. No obstante, quizás en lugar de encasillarnos en ese tipo de mojigaterías, deberíamos empezar a cuestionar mucho más a las personas que nos representan, pero cuestionarles en sus acciones laborales, en los hechos que nos competen a todes, mucho más que cuestionar la forma en cómo decidan ejercer su sexualidad.
Al respecto, el partido al que pertenece ha señalado: “Lo vamos a atender conforme a lo que establece la Ley General del Congreso de México y también con relación al Código de Ética”. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, también ha señalado que va a ser analizado al interior del grupo parlamentario para emitir “una opinión con mayor certeza jurídica”. “Vamos a ver los alcances para no violentar ningún derecho ni hacer ningún juicio anticipado”, ha declarado Mier.
A la diputada le debemos de pedir que rinda cuentas desde lo legislativo, desde el encargo que le fue asignado, lejos de llenarla de comentarios transfóbicos y putofóbicos que nada abonan a la conversación ni la situación, y en cambio, siguen formando parte de las grandes problemáticas que aquejan a las personas trans y las personas trabajadoras sexuales del país.
